ANDALUCES POR EL CAMBIO

13 febrero 2006

LIBRE DIRECTO: Andaluces por el Cambio


LIBRE DIRECTO: Andaluces por el Cambio

por JUAN JOSÉ PRIMO JURADO

AYER se constituyó la directiva de la asociación Andaluces por el Cambio. Fue durante su primera asamblea general, celebrada en un hotel de Sevilla, resultando elegido presidente Isidoro Beneroso. Entre sus miembros aparecen economistas, abogados, sindicalistas, escritores, científicos e historiadores de las ocho provincias. Andaluces por el Cambio, presentada hace diez días en Córdoba, está dando sus pasos iniciales y en todos remarca su convicción de que Andalucía necesita un cambio y su deseo de contribuir a la alternancia, no desde las trincheras de la lucha política y sí como laboratorio de ideas y foro plural, expresando con plena libertad lo que piensa.

Tras veinticinco años de Autonomía con un mismo color en su gobierno, Andalucía sólo genera el 49 por ciento de su gasto, mientras Cataluña llega al 83. Los andaluces tenemos el mismo nivel de renta de hace veinticinco años y seguimos a la cola de numerosos indicadores económicos nacionales. La mayoría de las comunidades han mejorado más y mejor que la nuestra y, sin embargo, algunos nos hablan ya de la Tercera Modernización de Andalucía, cuando ni siquiera hemos superado la segunda. Debe ser que, siendo los mismos inventores de la Logse, se puede pasar a un nuevo curso con el anterior suspenso.

Andaluces por el Cambio siente que la Andalucía de hoy está anestesiada, en cuanto controlada por las subvenciones y desmotivada, sin iniciativas ni idealismos. Se antoja una Andalucía de lamento, ese «quejío» flamenco, manifestado en su conformismo y la sensación de no sacar el máximo partido a sus potencialidades, quedándose a medio camino... Y no olvidemos que una sociedad permanentemente a medio camino de su pleno progreso y desarrollo es una sociedad fracasada.

No queremos que el victimismo y la dependencia económica se conviertan en señas de identidad de lo andaluz. Tampoco que en otras latitudes se invoquen derechos históricos para obtener privilegios económicos, cuando si alguien puede presumir de mayor historia en España esa es Andalucía. Debemos aspirar a una Andalucía autosuficiente, más libre y más rica. Andaluces por el Cambio no es ni de izquierdas ni de derechas, atiende solo a razones, quizás porque ha llegado la hora de ellas.

Quienes estamos en Andaluces por el Cambio tenemos claro que no esperamos un cambio de la formación que lleva veinticinco años gobernando la región y donde la ideología ha dejado paso al disfrute del poder como referente básico. No podemos esperar un cambio de quien calló ante la derogación del Plan Hidrológico Nacional tan vital para nuestra tierra, de quien sólo reclamó la deuda histórica en un momento determinado y de quien se empeña en decirnos que el nuevo sistema de financiación español que generará el Estatuto de Cataluña nos va a beneficiar, porque no puede ser así.

En Andaluces por el Cambio miramos al Partido Popular como única alternativa posible, porque siempre se ha movido entre el 30 y el 40 por ciento de apoyo electoral y por el éxito de su gestión en otras comunidades. Pero también estamos convencidos de que el PP en Andalucía debe ensanchar su base social, llegar al centro de gravedad de la sociedad y mejorar su complicidad con los miles de hombres y mujeres que forman ese centro y hacen funcionar día a día nuestra tierra, con su trabajo callado y con el cumplimiento respetuoso de las leyes.

Ayer, Beneroso señaló que las propuestas de la plataforma se encauzarán en una triple dirección: amortizar el referéndum andaluz de 1980, porque ninguna fuerza política puede vivir permanente de un error puntual de otra; realizar una mejora de los sectores más sociales; y el reformismo y el centrismo aplicado a las necesidades de Andalucía, de tal manera que se superen los miedos y reticencias de los ciudadanos a perder lo adquirido. Medina Precioso señaló, también, un empeño fundamental en esta hora difícil: «Lograr el cambio en Andalucía para intervenir en el destino de España como nación».


Domingo, 12 de Febrero del 2006

26 enero 2006

Español relativo y coherencia nacionalista


Una característica básica del lenguaje político de cualquier época es su ambigüedad, su posibilismo, su adaptación al momento concreto; aquí se ha rizado el rizo hasta hacerlo rocalla


CORRESPONDE a don Francisco de Quevedo el honor de ser el máximo creador de palabras del español como he investigado en algunos trabajos; el último publicado en el volumen 'Quevedo en Manhhatan'. Casi todos sus neologismos eran «voces jocosas» resultado del «fértil ingenio» del autor como afirma el DRAE. Quevedo, por arte, jugaba con las palabras; así ocurre con 'adanismo' que se define como «concurso de gente desnuda, mayormente cuando concurre de uno y otro sexo». Un neologismo que conviene a los tiempos que corren es 'abernardarse' que se corresponde con «irritarse y encenderse en cólera» y que tiene su origen en la ira de Bernardo del Carpio en Roncesvalles; aunque quién sabe a estas alturas quién es el tal Bernardo y qué es Roncesvalles; pues sí, 'abernardado' anda el patio político y más que se 'abernardará' según creo.

Corresponde al presidente del gobierno el dudoso honor de relativizar el español, que ese es el nombre del idioma de ambas orillas del océano como con claridad meridiana establece el 'Diccionario panhispánico de dudas' de la RAE. Hace mucho tiempo que la polémica entre castellano y español quedó zanjada científicamente hablando; pues bien, José Luis Rodríguez, que no es menester nombrarlo por los dos apellidos, sea tan sólo por seguir la corta tradición de la mayoría de los presidentes desde el advenimiento, por consenso, no hay que olvidarlo, de la democracia, se ha metido a creador de nuevos significados, a alquimista del idioma y cada día ofrece una perla, no cultivada, claro está, de lo que su estro o el de sus asesores, o el de ambos, es capaz de producir. En un prólogo muy ilustrativo el presidente afirma que no existe certeza de nada, que la lógica no es tal, que lo que importa es hablar; el acto elocutivo es principio y fin; según esto, dónde queda la comunicación, el entenderse a partir de los significados compartidos por los hablantes, en nada, en un mero ejercicio de relativismo, la gran palabra.

No me creo lo afirmado en el prólogo de marras. El presidente tiene su lenguaje claro y preciso pero no lo puede presentar así ante los ciudadanos; lo cubre de niebla, de espesores, de cursilería, de gangas que lo van desfigurando hasta que el nuevo significado de las palabras nace rotundo y adecuado a las intenciones deseadas, a esas intenciones que son voluntad de eternidad en el poder y esperanza de que España se acerque al modelo federal que algunos defendían en la Primera República.

Al lado de los nuevos significados el presidente utiliza abundantemente dos mecanismos: la eliminación de palabras y hasta, caso nunca visto hasta la fecha, el cambio de significado por ubicación. Veamos, la «democracia» que es un sistema político se convierte en «social» con lo cual se reduce y altera su sentido. «Demócrata» se aplicará a los miembros de cualquier partido político salvo a los del PP que no lo son por axioma. El sintagma «unidad de España» no lo ha usado jamás porque va contra su naturaleza y «nación» ya no es «nación» porque lo pongo en el Preámbulo y no en el articulado, así me quedará constitucional.

Este es el mayor hallazgo; en un texto jurídico, que busca la certidumbre y tiene carácter normativo, la palabra deja de ser lo que es según el lugar que ocupe. Parece, pues, que Cataluña es y no es al mismo tiempo, levita en el significado. No es así y no hay razón para ofender la inteligencia de nadie. Esté donde esté «nación» tiene un significado preciso. ¿Tremendas novedades léxico-semánticas! Pasmado me quedo ante tanta creatividad y eso que José Luis Rodríguez no nos era conocido como filólogo y lexicógrafo.

Una característica básica del lenguaje político de cualquier época es su ambigüedad, su posibilismo, su adaptación al momento concreto; aquí se ha rizado el rizo hasta hacerlo rocalla. La redacción del Preámbulo será un dislate sin duda pero, atentos, lo que es imprecisión en la voluntad del gobierno es seguridad semántica absoluta para los nacionalistas que sí usan el español, idioma detestado, con claridad meridiana. Los partidos nacionalistas o independentistas, tanto da, saben muy bien lo que es «nación» y el siguiente paso de esta danza agónica es pedir la soberanía correspondiente. El estado se ha ido depauperando desde los tiempos de la transición y el proceso no acabará hasta que los nacionalistas consigan sus objetivos de manera más o menos burda.

El relativismo aplicado al español llega a admitir lisa y llanamente su desaparición sobre el papel en el nuevo estatuto catalán. El artículo 3.1 de la Constitución afirma que todos los españoles tienen el «deber» de conocer el idioma y el «derecho» a usarlo; en consecuencia corresponde al estado asegurar que en cualquier territorio se estudie español con garantías de calidad sin detrimento de que se aprenda la lengua de ese ámbito para que cada uno las use como y cuando quiera. No es así y mucho menos lo será. La discriminación del español, su persecución, es un hecho más que probado hasta llegar al ridículo. Recientemente a Pío Baroja se le ha negado el calificativo de escritor vasco porque no escribía en vascuence. En el nuevo estatuto, vieja y añeja prosa discriminatoria con resabios decimonónicos, se consagra el atentado contra la lengua común. Los nacionalistas son coherentes sin duda. Menos mal que el idioma no depende de la coyuntura ni del pasteleo. El español nunca ha sido atendido por las instancias públicas como corresponde; seguramente por eso goza de una magnífica salud y tiene un futuro más que garantizado.

En estas circunstancias las academias de enseñanza de idiomas de Cataluña, el País Vasco y otros territorios añadirán a su oferta el aprendizaje del español y el estado, siempre cumplidor del texto constitucional, deberá crear Institutos Cervantes en esas 'naciones' que como corresponde serán inaugurados con el protocolo y boato de costumbre; aunque ya sé que la filosofía del los cervantes ha cambiado profundamente y tampoco será posible. No importa demasiado, casi nada, el futuro del español está a años luz de tanta sandez relativista.

ANTONIO GARRIDO/PORTAVOZ DE CULTURA DEL PP EN EL PARLAMENTO ANDALUZ

24 enero 2006

UN CAMBIO NECESARIO


Tras veinticinco años de gobierno socialista el modelo aplicado a Andalucía está agotado en todos los campos y nos encontramos ante lo que, en términos filosóficos, sería un devenir que pide un cambio necesario y lógico por el bien de la región.

El gobierno andaluz no ha sabido o no ha querido corregir la distribución de la renta y la riqueza en Andalucía, y ha provocado con su gestión que exista una pobreza del 31,1 % de los andaluces y andaluzas, ¡un tercio de la población!.

Esta realidad es especialmente grave cuando se nos vende constantemente la Andalucía de la “Segunda Modernización” o la “Andalucía Imparable”. Le aconsejaría a nuestro Gobierno regional que se parara a escuchar a las empleadas de hogar, a todos los que tienen un contrato por horas y dónde está su umbral de renta, a los trabajadores del campo, a las familias monoparentales, a las viudas andaluzas y a tantos colectivos olvidados para los que el día a día es verdaderamente dramático.

Aún tenemos fresca en nuestra memoria la propuesta realizada por los responsables del PSOE sobre las pagas a las amas de casa y cómo éstas salían del mismo núcleo familiar redistribuyendo la renta de la unidad familiar.

Pero la realidad es tozuda y, frente a tanto pronunciamiento demagógico, muchas familias andaluzas no pueden pagarse siquiera una semana de vacaciones por falta de liquidez, simplemente porque no se lo pueden permitir. Sin embargo, la política de la Consejería de Turismo obvia a los andaluces y discrimina en función de la renta.

Andalucía registró en 2.005 un dato demoledor: de los 3.977.523 contratos realizados en esta comunidad, 172.024 fueron indefinidos y 3.805.499 temporales, lo cual nos habla de la altísima temporalidad y precariedad en el empleo en la región, un 95,68 %. Estos datos evidencian que todos los planes y las inmensas inversiones de dinero público que durante años han sido realizadas por la Junta de Andalucía en las diversas políticas y planes de empleo no han conseguido ninguno de sus objetivos.

Los que tenemos memoria recordamos aún el enorme fracaso de la Reforma Agraria de Manaute, que no dejaba de ser una tímida mejora de la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, o cuando José Rodríguez de la Borbolla, presidente de la Junta de Andalucía, nos vendía a todos los andaluces y andaluzas aquello del Silicon Valley sobre lo que iba a ser la Expo’92: mejor darse un paseo por los terrenos de la Cartuja y ver en qué se ha convertido.

También recordamos cuando en la misma década de los ochenta del siglo pasado se impulsó la comarcalización de Andalucía sobre la base de que las Diputaciones Provinciales eran entes caducos e irresolutivos, pero desgraciadamente no fueron más allá de la Teoría de los Lugares Centrales de Christaller.



Con los cambios electorales que ello supondría, el poder político perdería prerrogativas y, por ello, la comarcalización fue desactivada por la Junta de Andalucía para potenciar las Diputaciones Provinciales como instrumento de control político y promover las mancomunidades de municipios para “compartir servicios”.

La Junta de Andalucía también ha olvidado las conexiones Norte-Sur en toda la comunidad, sin inversiones en infraestructuras ni en mejora de comunicaciones, abandonándolas a su suerte. La Bahía de Cádiz, con la mayor tasa de paro de toda Europa, soporta aún una autopista de pago como un dogal sobre ella. La falta de inversiones reales en infraestructuras por parte de la Junta de Andalucía provoca el colapso de todas y cada una de las capitales andaluzas, dando, además, de manera consciente, la espalda al transporte ferroviario en Andalucía.

En referencia a la política financiera, se pretendió la creación de la llamada Caja única en Andalucía con sede en Málaga (Unicaja), lo que provocó la rebelión en las cajas sevillanas y en la cordobesa (Cajasur), que además decidió no someterse a la Ley de Cajas de Andalucía, procesos todos de los que conocemos su principio pero no su final.

Al mismo tiempo, la Caixa tomaba posiciones claras en el sistema financiero andaluz con la compra del Banco de Granada y una expansión sin precedentes en Andalucía ante la dejadez de nuestro gobierno autonómico.

También recordamos al antiguo IFA y los enormes recursos empleados en la política de inyectar dinero sobre las empresas en crisis que en muchos casos fueron insalvables, dejando de lado en muchas ocasiones la creación de nuevas empresas y puestos de trabajo.

Tenemos el caso de los Astilleros andaluces, subastados en lotes después de su encarnizada defensa con pancartas, y el de la Consejería de Economía y Hacienda, que durante años sólo ha impulsado estudios y ha dejado a la deriva la política económica andaluza.

Ahora nos plantean una Andalucía de la “neteconomía”, de las ideas, pero sobre una base y unos cimientos de papel, porque no hemos pasado por las fases ni tenemos las estructuras de los países más avanzados para estar en la Segunda Modernización que nos pretende hacer creer el gobierno andaluz.

Son tantas y tantas cosas las que han ocurrido en la región durante veinticinco años que obligadamente necesitaríamos muchas más líneas. Es por todo ello que a todos los que formamos la plataforma de “Andaluces por el cambio” nos definiría una estrofa de un verso de Pablo Neruda de su obra Canto General: “Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta”.
Fdo. Antonio Barreda Alcobet.

Geógrafo.
Delegado sindical UGT Consejería de Salud-SAS.
Presidente Comité de Empresa Consejería de Salud-SAS.
Miembro de Andaluces por el cambio

ANDALUCÍA ANTE EL RETO DE UN NUEVO ESTATUTO DE AUTONOMÍA


La clave del éxito de la Transición Española que desembocó en la aprobación casi unánime por parte del pueblo español de la Constitución de 1978, el llamado “Espíritu de la Transición”, se basó en que, como dijo un político de la época, no se hizo unos contra otros, sino los unos con los otros. Para ello existió entre prácticamente todos los partidos –desde luego los dos mayoritarios- un amplio consenso que ha hecho posible que hoy disfrutemos del periodo más largo de convivencia pacifica y democrática de la historia de España. Ese acuerdo, nuestra Constitución, nos ha dotado de las herramientas suficientes como para desarrollar uno de los Estados de las Autonomías que gozan de un amplio capítulo de competencias, aún hoy no todas desarrolladas al máximo, al menos en nuestra Comunidad Autónoma.

Con la admisión a trámite del “Estatuto de Cataluña” se ha trasladado un grave problema al conjunto de la sociedad porque, aunque algunos intenten negarlo, el estatuto aprobado en Cataluña nos afecta a todos y especialmente a autonomías como la nuestra, de las más pobres de nuestro país y por lo tanto de las más perjudicadas por, entre otras cosas, la egoísta propuesta de financiación catalana.

Somos muchos los que pensamos que la apertura, sin duda precipitada, del proceso de reforma territorial en España nos obliga a los andaluces a participar de forma activa mediante la elaboración de un nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía; un estatuto que mejore el actual. Pero a lo que nadie nos puede obligar es a hacerlo de forma precipitada y correr el riesgo de que el resto de reformas, algunas de ellas abiertamente inconstitucionales, nos conviertan en una Comunidad de segunda. Que los ciudadanos de otras regiones españolas puedan llegar a contar con más privilegios que los andaluces es algo que nuestros representantes políticos no pueden permitir.



Sin duda nuestro estatuto debe ser un estatuto que defina nuestro marco de desarrollo para los próximos años como andaluces sí, pero como españoles también. Los andaluces queremos que nuestro estatuto de autonomía apueste por la solidaridad frente al egoísmo, que defienda la igualdad de todos frente a los privilegios de unos pocos, que promueva la libertad frente al intervencionismo. Queremos dotarnos de un amplio marco normativo, pero queremos, en el ámbito de nuestros derechos individuales, poder ejercer estos con total libertad y no al dictado del Gobierno de turno.

Por eso, al igual que Andalucía exigió en 1980 acceder a la autonomía como una más de las nacionalidades históricas por la vía del artículo 151 de la C.E., hoy los andaluces debemos exigir que nuestro nuevo estatuto mantenga viva su identidad, su memoria y su espíritu y que nos convierta, de una vez por todas, en algo que nos merecemos históricamente, en una Comunidad de primera. Aquél 28 de febrero de 1980 no lo vamos a olvidar los andaluces y nadie, venga de donde venga, sea del signo político que sea, podrá quitarnos a los ciudadanos de esta Comunidad lo que con nuestro esfuerzo trabajo e ilusión conseguimos juntos, sentirnos más andaluces, más españoles.

Los andaluces no queremos cualquier estatuto, queremos el mejor. No debemos permitir que haya un solo estatuto, provenga de donde provenga, que discrimine a Andalucía. El hecho de que los nacionalistas apoyen al Gobierno actual, no les da derecho a sacar tajada de la debilidad de éste. Es por ello por lo que apelo a la responsabilidad de los políticos de nuestra tierra, les pido que, como dije al principio, mantengan el consenso necesario para una reforma de este calado –porque lo importante de una sociedad no es moverse rápido, sino moverse todos juntos-, que no se precipiten y antes de hacer ninguna propuesta a las Cortes se aseguren de que con el nuevo estatuto no perderemos aquello que ganamos en 1980.

RAMÓN HERRERA CAMPOS


CATEDRÁTICO DE DERECHO CIVIL DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
MIEMBRO DE ANDALUCES POR EL CAMBIO

09 noviembre 2005

Artículo Interesante


Regresión

Cuando se lee, actividad cada vez menos necesaria y más peligrosa, se producen en el lector sentimientos diversos; cuando leo a Costa, a Ortega, a los llamados regeneracionistas en sus textos sobre España siempre me ha embargado una tristeza profunda. Estos autores, desde posiciones diversas, coinciden en su pesimismo radical. Hablan de España como de una nación frustrada, consideran imprescindible rectificar su historia, demandan su nueva fundación, miran al pasado como una enfermedad. España era un inmenso error, una víctima de la sífilis como apuntara Azaña; la solución más repetida era europeizarla; Europa era la perfección absoluta, tremendo papanatismo y terrible complejo de inferioridad. La tarea que proponían era la demolición.
La misma tristeza me produce la lectura de los autores del otro bando. Eran los hijos del Cid y herederos de Pelayo, los defensores de la catolicidad como el cimiento sobre el que se construyó una gran nación; basta repasar algunas páginas de don Marcelino. Nada debía cambiarse y todos los males de la patria eran consecuencia de unos extranjerizantes, ateos y masones en su mayor parte que sólo podían ser calificados de traidores.
Dos posturas intransigentes en sus radicales planteamientos después de un siglo, el XIX, agostado por guerras y por odios fratricidas. Los que planteaban posiciones más coherentes con la realidad, los defensores de las reformas necesarias, los que pudieron soñar con una España sin bandazos eran tachados de tibios cuando no de cobardes y recibían estopa por todos lados como ya le sucediera en el XVIII al pobre de Jovellanos, patrón del fracasado término medio.
No es necesario abundar en las tragedias del siglo XX, sobre todo cuando se está desarrollando una campaña lamentable de recuperación de lo más triste de nuestro pasado reciente, que no ayudará nunca a la necesaria paz de los españoles que, por cierto, no tenían estos periodos históricos en el horizonte ni de su memorias ni de su presente. Recuperar determinado vocabulario, fomentar determinados gestos son comportamientos indignos en toda circunstancia; por supuesto que no me refiero a la imprescindible investigación histórica ni al respetuoso recuerdo de todos, repito, de todos los que sufrieron los avatares de unos tiempos lejanos y felizmente superados en todos los sentidos.
La Constitución de 1978, con sus limitaciones y carencias, posee un altísimo valor simbólico y un magnífico balance práctico. Representa la reconciliación y la normalidad, palabra escasa en el discurrir de España; es el acuerdo de la inmensa mayoría; en fin, no es cuestión de lanzarme a los panegíricos pero no son escasas sus virtudes. Ya en el periodo constituyente los partidos independentistas plantearon problemas al conjunto mayoritario y estos problemas se han ido haciendo cada vez más graves con el paso de los años; y así hasta hoy.
Nadie puede negar claridad a los independentistas, no se han movido un ápice, siempre ha mantenido sus tesis y han tensado y aflojado la cuerda de sus presiones en función del contexto; cosa diferente es que no se haya querido ver que las nubes se iban haciendo cada vez más oscuras como en el himno anarquista. Los partidarios de la independencia, al margen de los eufemismos y de las mentiras con que, a veces, pocas, enmascaran sus objetivos, han creado una historia mítica y absolutamente falsa, que el sistema educativo se ha encargado de transmitir, con lo que lo que las jóvenes generaciones no tienen otro referente y, sin desaliento, también han desarrollado hasta extremos increíbles el sentimiento de víctima al mismo tiempo que los valores de diferencia y superioridad.
En mis años del Instituto Cervantes de Nueva York tuve ocasión de organizar actividades culturales con las administraciones autonómicas; con Cataluña, seguramente, fue con quien más colaboramos, siempre en un ambiente de cordialidad. Organicé las clases de catalán en el centro en cumplimiento de la normativa vigente y por convencimiento de la riqueza lingüística y cultural del idioma; no lo pude hacer con el vasco y el gallego por no existir demanda. Dicho esto, siempre me llamó la atención el discurso de los políticos nacionalistas en las inauguraciones cuando se referían a Cataluña como un país perseguido casi tanto como los judíos por los nazis, y claro está, era el centralismo español el perseguidor.
Estos políticos, que no el pueblo catalán, decidieron hacer su Constitución que choca gravemente con la norma general y nos lleva, parece mentira, a una regresión que enlaza con el pesimismo al que me refería al principio. El tema es grave y no hace catastrofismo quien lo califica así; lo más lamentable es que haya sido el presidente del gobierno el que haya alentado el proceso sin querer evitarlo. Es mejor gobernante el que soluciona problemas y no el que los crea.
España, estaba razonablemente confiada cuando se le viene la tormenta encima. Creo que Zapatero no es un inconsciente ni un alocado; creo que desarrolla su modelo de estado y es plenamente responsable de sus actos. Es recomendable recordar que Manuel Azaña, en el parlamento, era el 27 de mayo de 1932, defendió el Estatuto de Cataluña porque era plenamente constitucional y afirmó que de otra manera nunca hubiera permitido su trámite; no este el caso, la inconstitucionalidad es palpable y, sin embargo, se tramitará. Al presiente del gobierno no le importa romper el laudable equilibrio y acuerdo entre los dos grandes partidos, no le interesa mantener el espíritu de consenso de la transición porque su mirada traspasa decenios para irse a los años treinta. Con permiso de Ortega, ¡Qué error! ¡Qué inmenso error!

Antonio Garrido, Portavoz de Cultura del PP en el
Parlamento Andaluz

Web de interés


Para los que estéis ligados a la Universidad y para quienes tengáis interés por sus temas, hay un diario de prensa(seleccionada por el gabinete de prensa de la Universidad de Sevilla) que tiene interés por lo que agrupa. Para el que no lo conozca, es una oportunidad. Esta es su dirección: http://www.us.es/gabpren/resumen/

El cambio que queremos


Estoy seguro que una de las preguntas más recurrentes que se hacen las personas que han seguido la información de Andaluces por el Cambio se refiere a cual es el nexo que une a sus promotores y firmantes. Periodistas y analistas, e incluso los lectores, se plantean qué es lo que une a gente de diversa procedencia ideológica, profesional, social y territorial en torno a la idea de cambio en Andalucía. Esto es así, a pesar de que es lógico considerar la pluralidad de nuestra tierra y de nuestros conciudadanos y conciudadanas, porque no estamos acostumbrados a contemplar una muestra representativa de nuestra sociedad aglutinada en torno a la idea de una nueva orientación, un nuevo rumbo, de la gestión pública de nuestros intereses como habitantes de nuestra Comunidad. Pero es, sin duda, la propia idea de cambio, y la certeza de quién no lo va a protagonizar ni impulsar, la argamasa que solidifica el espacio donde hemos confluido tantas personas, en su inmensa mayoría independientes sin adscripción partidaria.

Que Andalucía está en un proceso histórico de incorporación a la normalidad económica, social y cultural , en la que están instaladas la mayoría de las regiones europeas , no lo duda nadie.¿Cómo negar que se han superado, con la mayor atracción de recursos económicos y políticos de nuestra historia, las barreras seculares causantes de nuestro atraso? . Después de veinticinco años de autonomía es normal que así sea. No voy a ser yo quien niegue el mérito a los actuales gobernantes de haber conducido y pilotado ese avance, junto con los apoyos del gobierno central, la financiación europea y el esfuerzo de los propios andaluces y andaluzas. Lo que ocurre es que no nos podemos pasar el día explicándoles a hijos y nietos cómo era la Andalucía de nuestros padres y abuelos; tenemos que pensar, hablar y trabajar por la Andalucía de ellos y de sus hijos. A pesar de estos avances, nuestra Comunidad sigue en el furgón de cola de las regiones españolas y europeas en los índices de renta y empleo, tal como insisten, con machacona insistencia, todas las estadísticas disponibles. Detrás del concepto de la convergencia, críptico e iniciático, se esconde la idea de la necesidad de articular un nuevo impulso político, social, cultural y económico que nos coloque en el mismo vagón que las regiones más avanzadas. Necesitamos una nueva estrategia de desarrollo económico y social, muy alejada del intervencionismo actual, que nos haga crecer sólidamente de manera más rápida. Andalucía, adormecida entre la subvención y la nómina con cargo al presupuesto , necesita más sociedad y menos poder público. No se trata de un problema cuantitativo acuciado por la caducidad de los apoyos financieros externos, porque si no tendríamos un negro panorama cuando acabe la posición de receptores netos de fondos ; se trata de una acción profunda de gobierno para que exista una sociedad realmente libre y responsable donde la subsidiaridad no sea una abstracción ni un regalo con intenciones clientelares, sino el principio de realidad por el que se rige el sector publico que adelgaza en beneficio de la iniciativa social y de la comunidad. Hoy en día, todos creemos, y todos son todos, en los grandes principios de igualdad y solidaridad; lo que pasa es que algunos creemos también en la eficiencia y la eficacia para ser más libres y solidarios, no en el igualitarismo ramplón que no tiene en cuenta el mérito.

Andalucía es una sociedad democrática porque en ella tienen lugar elecciones libres y a nadie se le mete en la cárcel por sus opiniones, asociaciones y reuniones siempre y cuando no infrinjan la ley. Sin embargo, es una anomalía política que el mismo partido esté gobernando desde hace casi veinticinco años. La larga permanencia de un partido en el gobierno tiene consecuencias indeseables que se manifiestan en el anquilosamiento de las ideas, la inmovilidad de la dirigencia y en la apatía creciente de los ciudadanos que pierden las referencias de las ventajas democráticas del cambio. Por eso, en las sociedades desarrolladas se producen los relevos de los gobiernos en ciclos más cortos, ya que sus ciudadanos consideran que el cambio que produce la alternancia política es un bien democrático, no un mal. Hasta ahora, el partido que gobierna nuestra autonomía desde hace más de dos décadas ha cimentado su larga hegemonía, expresada democráticamente en legítimos triunfos electorales, en tres claves: su identificación con los valores del 28-F, una política universalizadora de bienestar social y extensiva en la dotación de infraestructuras para el desarrollo territorial y económico junto con la incapacidad de la oposición de arrebatarle el triunfo electoral. Lo que ocurre es que aquí ya no se discute nuestra vocación autonómica, ni la universalización de servicios básicos para los ciudadanos, ni, tampoco, la dotación de infraestructuras para darle cohesión al territorio. Aquí y ahora el debate es nuestro papel como Comunidad en esa nación llamada España, la eficiencia en la prestación de los servicios fundamentales como la educación o la sanidad, las políticas urbanas que se traducen en incomodidades para la vida de los habitantes de las grandes ciudades andaluzas o la capacidad de generar un sistema productivo más capaz de afrontar un futuro económico que cada vez va a depender menos de la ayuda de los demás. Y desde el poder sólo se ofrece más de lo mismo: de hecho, si ustedes se fijan, detrás del lema de la Segunda Modernización, fonética maoísta como La Primavera de las Mil Flores o El Gran Salto Adelante, se halla la confesión, implícita y explícita, de la necesidad de dar por cerrada una etapa histórica y abrir otra para la que se ofrecen las mismas recetas que la anterior: un papel predominante de lo público sobre lo privado que impide la consecución de una sociedad abierta
que, en expresión de Kart Popper, pone en libertad las facultades críticas del hombre.

Isidoro Beneroso Dávila
Andaluces por el Cambio